LAS NORMAS DE BASILEA III DEJAN COMO INSOLVENTES A UN MILLÓN DE AUTÓNOMOS.
Lo
cierto es que el objetivo de "más y mejor capital" de Basilea III, pasa por un refuerzo de
la cobertura
de los riesgos "no identificados o bien calibrados" en la etapa
previa a la crisis y por el ajuste de parámetros como la probabilidad de impago
Y según explican desde el área de política
económica de Upta, entre las garantías
de solvencia mínimas a las que se obliga al
común de entidades financieras, los autónomos deberán justificar no haber perdido
ventas o volumen de producción en los dos ejercicios anteriores a la solicitud del crédito,
algo que es prácticamente imposible en la mayoría de los negocios y más en
épocas de recesión o muy escaso crecimiento. Además, añaden que los acuerdos no desarrollan un protocolo o scoring de
riesgo adaptado a las particularidades del colectivo, quedando sus préstamos
catalogados dentro del grupo de créditos al consumo. Ésto
implica una limitación en la cuantía de los préstamos que "difícilmente superarán los 8.000 o 10.000 euros".
La AEB
(Asociación Española de la Banca) niega en rotundo
estas afirmaciones e insisten en que
"Basilea III no recoge para nada estas condiciones". De hecho el
endurecimiento de los
requisitos en los análisis de solvencia de autónomos y pymes supondría erigirse en contra
de espíritu de
Basilea una de cuyas exigencias en su memorándum es "ampliar la concesión de crédito a entidades minoristas".
Esta
misma semana la patronal de los pequeños y medianos empresarios, Cepyme, se hacía eco de la caída de 5,4 puntos interanual en la
concesión del crédito a pymes durante los
cuatro primeros meses del año y denunciaba la poca flexibilidad de los bancos con el colectivo
de microempresas que aunque sí son considerados como entidades
mercantiles carecen de
estructura, balances contables o garantías suficientes que se ajusten a los mínimos establecidos en la normativa
de riesgo bancaria.
Más fondos y más flexibles
Cuestión ésta que sumada al 25% de coste adicional que supone a las
entidades provisionar
los créditos de
las empresas calificadas como "dudosas", ampliaría en 500.000 los
activos que podrían no
tener acceso al crédito en el corto plazo. En declaraciones,Jesús Terciado, presidente de Cepyme
explicó que
"las entidades financieras tienen un objetivo
muy claro y son las empresas medianas, con volúmenes de facturación elevados y capacidad
de exportar." Y añadió que "la normalización del crédito no llegará hasta 2016 y las más pequeñas seguirán estando fuera hasta
entonces".
Por su
parte las entidades de crédito afirman que "con los criterios mínimos que nos marcan desde
arriba se llega al punto de que si hay una sola devolución del recibo de la luz o del teléfono no se puede dar ni un
duro". Es decir que "estamos vendiendo humo, solo que ahora
creamos expectativas que no se cumplirán", afirman.
Ante la carestía continuada del crédito
y la escasez de criterios de análisis ajustados a la realidad de autónomos y pequeñas
empresas, asociaciones y patronales demandan un mayor desarrollo de los instrumentos públicos
que respalden a autónomos y pymes ante las entidades financieras. Instrumentos que ya están
creados pero que "deben dotarse de fondos y flexibilizar sus criterios de acceso".
Es el
caso de las SGR (Sociedades de Garantía Recíproca) y del desarrollo de nuevas líneas de aval y mircrócréditos ICO, soluciones que "permitirían la supervencia de muchos autónomos ", apunta Reyna.
Objetivo que, por otra parte, parece estar en el punto de mira del
anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación, que refuerza el papel de las fórmulas de crédito alternativas, y que según los expertos "hará que lleguen más euros pero no será la panacea a corto plazo".
